Resumen ejecutivo

Este instrumento se construyó sobre los avances y aprendizajes del Plan Visión Justicia 20/24, que marcó un punto de inflexión en la modernización del sistema. Dicho plan permitió la reducción histórica de la mora judicial, la digitalización completa de expedientes, la implementación de la firma y audiencias virtuales, así como el fortalecimiento de la transparencia y la confianza ciudadana. No obstante, subsisten retos estructurales: la desigualdad en la distribución de la carga judicial, la infraestructura heterogénea, las brechas en digitalización territorial, la percepción de insuficiencia en la confianza institucional y, de manera crítica, la baja asignación presupuestaria.

El contexto nacional e internacional refuerza la necesidad de este plan. La República Dominicana experimenta un crecimiento económico sostenido, acompañado de urbanización acelerada, empleo informal persistente y conflictos sociales que aumentan la demanda de justicia. En el ámbito global, los indicadores del World Justice Project sitúan al país en el puesto 86 de 142 a nivel mundial y 20 de 32 en América Latina y el Caribe, con progresos reconocidos en transparencia, pero con debilidades en justicia civil y penal. Estos factores inciden directamente en la gobernabilidad democrática y en la confianza ciudadana en las instituciones.

Frente a este panorama, el plan introduce una innovación clave: la metodología de planificación por escenarios. Se desarrollaron cuatro trayectorias prospectivas —Reformas estructurales, Piloto automático, Pacto social vulnerable y Vulnerabilidad geopolítica— que permiten medir la resiliencia institucional, anticipar riesgos y orientar decisiones estratégicas en contextos inciertos. Esta aproximación dota al Poder Judicial de una capacidad inédita para adaptarse, garantizar continuidad operativa y mantener legitimidad en un entorno nacional y regional complejo.

La estrategia se articula en torno a tres ejes fundamentales. El primero, Justicia Ágil (0 % mora), busca eliminar definitivamente el retardo judicial mediante reformas normativas, digitalización integral y fortalecimiento del talento humano. El segundo, Justicia Accesible (100 % acceso), plantea derribar barreras sociales, económicas, tecnológicas y territoriales, con énfasis en las poblaciones vulnerables y en el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El tercero, Justicia Transparente (100 % transparencia), apuesta por consolidar la rendición de cuentas, los datos abiertos, el lenguaje claro y la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas judiciales.